Ambientalistas y líderes indígenas advierten que la ley se impulsa sin consulta previa, vulnerando los derechos de los pueblos originarios
No todos los integrantes de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, votaron a favor del dictamen, aseguró vicepresidente de la comitiva
Tegucigalpa, Honduras. – Han pasado siete días desde que se presentó el controvertido proyecto de Ley de Licencias Express, impulsado por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Aunque la iniciativa ha generado preocupación en diversos sectores, poco se ha dicho sobre el rol de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que fue la encargada de emitir el dictamen favorable que permitió que la normativa avanzara.
El pasado martes 13 de mayo, el pleno del Congreso Nacional, sometió al tercer y último debate la Ley Especial de Fomento a las Inversiones por Medio de la Eficiencia de los Procesos de Licenciamiento Ambiental, pero tras alertas y denuncias el Poder Legislativo suspendió la discusión.
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ROL DE LA COMISIÓN
La Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional presidida por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ariel Montoya, emitió un dictamen favorable a una propuesta de Ley que permitiría emitir licencias ambientales de forma expedita, una acción que ha sido condenada por líderes indígenas, organizaciones y defensores ambientales.
Entre sus denuncias, las organizaciones señalaron que los congresistas que integran la comitiva obviaron la opinión de los espacios territoriales que sufren las consecuencias y los impactos de los proyectos extractivos al escuchar únicamente al sector privado.
Para conocer la postura de la comisión y las razones detrás del dictamen favorable a un proyecto que podría representar una amenaza para los territorios ancestrales y el medio ambiente, Criterio.hn intentó comunicarse con el diputado de Libre y presidente de la comisión, Ariel Montoya. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Otro de los congresistas contactados fue el diputado liberal Yury Sabas, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, quien aseguró no haber votado a favor del proyecto de ley ni firmado el dictamen. Aunque se comprometió a explicar los motivos de su oposición, hasta la publicación de este artículo no brindó más declaraciones.
OPINIÓN SOBRE EL ACTUAR DEL CN
Para el coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Christopher Castillo, la comitiva del Congreso Nacional no actuó por oficio ético y de principio, pues señaló que no convocó a los sectores para avisar desde el origen de la propuesta.
Castillo remarcó también, el papel del Congreso Nacional, que pese a conocer la reacción de la gente y que se debía realizar una consulta previa, libre e informada, continuaron con la socialización del proyecto y dialogaron con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ignorando la voz de lo que se ven afectados con los impactos de los proyectos.
El activista denunció que, pese a saber que representantes de territorios y defensores ambientales viajaron desde distintas regiones del país para manifestar su rechazo al proyecto de ley, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático no atendió su llamado, ni se acercó a atender ni aclarar dudas, pese a ser los responsables del avance del proyecto.
¿QUÉ REPRESENTA LA EXCLUSIÓN DE LA OPINIÓN DE LOS PUEBLOS?
La analista socioambiental e investigadora del Cespad, Lucia Vijil, explicó a este medio digital que la ausencia de consulta a los pueblos representa la exclusión de las voces que no quieren ser escuchadas y de la supremacía del poder, de la voz y las narrativas colocadas por la empresa privada.
Vijil señaló que en medio del tema existe una disputa de intereses y que la presencia de los representantes del sector privado es un mensaje simbólico que revela quienes promueven la ley, a que actores se está respondiendo y a las figuras que se están escuchando.
“Las declaraciones de diputados y diputadas del Congreso Nacional para desconocer la trayectoria de muchas organizaciones que se pronunciaron sobre el proyecto demuestra una exclusión sistemática e histórica hacia quienes mostramos preocupación por el avance del modelo extractivo en el país” expresó Lucía Vijil, analista socioambiental.
