Mientras comunidades defienden el cerro El Hornillo de la tala impulsada por Minosa, el Estado hondureño reprime movilización con agresiones y una detención
Tegucigalpa. – En la capital política de Honduras se toman decisiones a espaldas de las comunidades, que no solo enfrentan las consecuencias, sino que ven cómo su clamor es ignorado. No se trata de una práctica exclusiva de un gobierno o partido político, sino de una forma de ejerce el poder en el país.
El lunes 19 de mayo, pobladores que residen cerca del cerro El Hornillo, en La Unión, Copán –occidente de Honduras– realizaron una movilización con el objetivo de detener la tala del bosque que realiza la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), filial de la transnacional Aura Minerals.
En el plantón participaron pobladores mayas chortí, junto a otros residentes de las comunidades de Azacualpa y La Ceibita. Los manifestantes denunciaron que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) autorizó el corte de árboles sin consultar a la población y que este permiso fue otorgado, pese a que Minosa no cuenta con una concesión minera vigente ni con la licencia ambiental para operar en la zona, explicó el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Pedro Mejía.
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La protesta, que se extendió desde la tarde del lunes hasta la madrugada del martes, habría sido reprimida por la policía. Se registraron agresiones físicas, disparos y la detención de una persona, que fue liberada la mañana del martes 20 de mayo.
Mejía señaló que la población organizó la protesta en horas de la tarde, porque la empresa realiza las actividades de tala durante la noche, bajo resguardo policial, precisamente para evitar la oposición comunitaria.
El abogado explicó que las comunidades se oponen a la degradación forestal en el cerro El Hornillo por dos razones. Primero, porque la destrucción del bosque abriría el camino al avance de las actividades extractivas de Minosa, incrementando los riesgos ambientales y sociales, especialmente por las detonaciones y los impactos de la minería a cielo abierto. Segundo, porque la comunidad maya chortí en la zona denuncia que no fue consultada sobre estas intervenciones en su territorio ancestral, lo que constituye una violación a sus derechos colectivos y al principio del consentimiento previo, libre e informado.
La ausencia de la consulta previa a las poblaciones indígenas es una práctica generalizada en Honduras. Precisamente, esta práctica está en el centro del litigio que la comunidad garífuna de Cayos Cochinos lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya audiencia se realizó esta semana en Ciudad de Guatemala.
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En relación con la tala realizada por Minosa en el cerro El Hornillo, Criterio.hn consultó al titular del ICF, Luis Soliz, el pasado 5 de mayo. Soliz declaró que estaba en espera del informe de una inspección de campo que ordenó tras las denuncias de los pobladores.
Según la resolución No. DE-PS-002-2025, se autorizó un “plan de salvamento” que permite la tala de 6,093 árboles de especie mixta en un terreno privado denominado La Bufa, ubicado en el municipio de La Unión. El área abarca 41.39 hectáreas y la autorización está vigente del 24 de enero al 24 de julio de 2025.
El documento establece que por cada árbol cortado se deben sembrar al menos tres, es decir, un total de 18,279 árboles. No obstante, añade que dicha obligación no se aplica si hay posibilidad de regeneración natural. Además, en el numeral 6, inciso C, el ICF se libra de la responsabilidad de socializar con las comunidades el corte y la extracción de madera.
En 2023, y tras cuarenta años de operaciones, finalizó la concesión minera de San Andrés, actualmente en manos de Minosa. Sin embargo, en lugar de cerrar operaciones, la empresa solicitó al Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) una prórroga por 30 años más.
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