Al emitir el auto de procesamiento, el juez afirmó que hay una confabulación entre el sector público y la empresa minera, respaldado por autos previos y una sentencia firme
Junto a Víctor Bernárdez, Fernando padilla y Douglas Alvarenga, también está sindicado en el proceso Lenir Pérez, propietario de Inversiones Los Pinares, pero permanece prófugo de la justicia
Tegucigalpa, Honduras. – A más de diez años de la continua destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras por la instalación de un proyecto minero en la zona, el juez José Abraham Rosa dictó auto de formal procesamiento contra el representante legal y dos empleados de Inversiones Los Pinares.
Este martes se desarrolló la etapa de conclusiones de la audiencia inicial en el proceso que se sigue contra Víctor Lorenzo Bernárdez, representante legal de Pinares; Fernando Manaces Padilla, superintendente de medio ambiente; y Douglas Alexis Alvarenga, superintendente de minas; quienes enfrentan cargos por explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados.
Aunque tanto la acusación pública como la privada solicitaron revocar las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga, el juez decidió ratificar las medidas cautelares ya impuestas, al considerar que los imputados cuentan con suficiente caución. Además, fijo la audiencia preliminar para el miércoles 11 de junio de 2025 a las 9:00 AM.
Inversiones Los Pinares, junto a Inversiones Ecotek, es filial de la empresa Emco Holding, entre cuyos propietarios se encuentra el empresario Lenir Pérez, quien también está sindicado en el caso y se encuentra prófugo de la justicia.
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HECHOS ACREDITADOS Y PRUEBAS PRESENTADAS
En su resolución, el juez José Abraham Rosa expuso los hechos acreditados, señalando que en la Zona ASP2, habilitada únicamente para exploración, los peritos del Ministerio Público constataron la existencia de un botadero de estériles dentro del área núcleo del parque. También documentaron la presencia de guardias de seguridad en una carretera construida por la empresa minera y el color achocolatado del agua, atribuido a los trabajos realizados.
Los peritos describieron además una trituradora ubicada a la orilla del río San Pedro, fuera del perímetro autorizado para explotación. Se detalló que para construir la carretera se usó el método “bote al lado”, no recomendado por su alto impacto destructivo. Esta construcción se habría realizado sin la autorización competente ni medidas de precaución adecuadas, pese a que la comunidad de La Ceibita se encuentra a menos de 100 metros del área y cualquier lluvia podría generar un deslizamiento mortal.
El juez Rosa añadió que las imágenes satelitales presentadas por el Ministerio Público muestran que antes de la concesión existía abundante vegetación, no había carretera ni botadero de estériles. Después de la concesión, la zona ha sido reclasificada como área de derrumbes.
También se refirió a once planes de salvamento forestal, cinco a nombre de Víctor Bernárdez, otorgados de forma extemporánea en zonas donde no se debía de cortar. Incluso se verificó que los cortes de árboles ocurrieron antes de obtener los permisos.
“Se puede observar que existe dentro de este proceso penal una confabulación entre el sector público y una empresa minera”, declaró el juez José Abraham Rosa, señalando que puede afirmarlo con fundamento, ya que ha dictado otros autos de procesamiento y existe al menos una sentencia firme relacionada.
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Respecto a la prueba documental, mencionó que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) constató en 2021 la existencia de un botadero de estériles en ASP2, zona no autorizada para explotación. Otro expediente del mismo instituto documentó la apertura de una calle y la remoción de suelo boscoso dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Sobre la solicitud de la acusación privada para neutralizar el delito, el juez resolvió que antes de ordenar la destrucción de la carretera y la restauración del bosque dañado, deben realizarse estudios técnicos, debido al riesgo de derrumbe sobre la comunidad de La Ceibita. Mientras tanto, ordenó a la Policía Militar el cierre inmediato de la carretera.
En cuanto a la restauración del bosque, se deberá determinar mediante dictamen técnico el porcentaje de perdida de árboles, suelo y agua. Sobre el traslado del botadero de estériles, se instruyó que el cierre sea ejecutado por la Policía Militar, Policía Nacional y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero que el traslado lo realice la empresa minera.
MUERTE Y DESPOJO CONTRA QUIENES DENUNCIARON
Frente al Tribunal de Sentencias, acompañada por otras personas afectadas por el proyecto minero, la abogada Rita Romero, representante legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, afirmó que existe suficiente acervo probatorio para el auto de formal procesamiento contra los acusados.
“Si esta denuncia se hubiera judicializado años atrás, el desastre que hoy está en manos del juez no sería tan grave. No tendríamos a más de 40 familias desplazadas, ni tantos compañeros muertos en el camino, y aún tendríamos con nosotros a nuestro compañero Juan Antonio López”, expresó Romero.
Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024, tras más de una década denunciando la corrupción detrás de la concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escalera y los daños ambientales provocados. Aunque se solicitó la conformación de una comisión técnico-científica independiente para investigar su asesinato, las autoridades siguen sin dar respuesta a la petición. Hasta la fecha, únicamente se ha capturado e iniciado un proceso judicial contra tres supuestos autores materiales.
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En 2023 fueron asesinados Aly Domínguez, Jairo Bonilla y Oquelí Domínguez, defensores del agua y el Parque Nacional Carlos Escaleras. Alí y Oquelí, eran hermanos de Reynaldo Domínguez, también presidente de la junta de agua de la comunidad de Guapinol. Tras los crímenes, Reynaldo y otros familiares se vieron forzados a desplazarse de su comunidad.
